Camión expendedor de agua en barrios De Santiago (Fuente externa)

Ante la sequía que afecta al país y la pandemia, cuya forma de evitarla es lavarse las manos con frecuencia, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO), considera que procede declarar como emergencia el suministro de agua para que el recurso llegue de manera inclusiva a toda la población.

La organización de defensa de los consumidores entiende que el negocio particular de la venta de agua en camiones debe ser intervenido y que la CAASD de la capital y CORASAN de Santiago, asuman el control del agua y la lleven a todos los sectores carenciados para así garantizar una distribución justa y equitativa de ese bien tan necesario en estos momentos de la pandemia.

La emergencia está planteada por la sequia y en medio de esta se requiere de la intervención del Estado como el encargado de proteger los ciudadanos y garantizar un servicio vital como es el agua, recurso natural y patrimonio de todos.

En las últimas semanas hemos recibido denuncias constantes de sectores donde el agua es servida solo una vez a la semana y en algunos ya ni siquiera la reciben, lo que significa un atentado a la salud en medio de la pandemia COVID-19, cuando una de las medidas de prevención es lavarse las manos con frecuencia.

En ese sentido, sugerimos tanto a la CAASD como a CORASAN, asumir el suministro de agua a la población ya sea en camiones, tanques o como le sea posible, pero sí garantizar agua a todos los ciudadanos, más aún, a aquellos que pagan y no reciben el servicio. Entendemos que todos estamos en emergencia y que el servicio de agua potable debe ser garantizado a la población y que el lucro no debe permitirse a costa del sufrimiento de la población.

En otro orden, ONPECO deplora el incremento en el precio del botellón de agua, el cual en un año se elevó en un 70 por ciento, pasó de 50 pesos a 75 y en este mes de julio, en muchos lugares, sufrió un nuevo incremente de 15 pesos, sin ninguna explicación ni justificación, lo cual resulta criminal cuando la mayoría de los hogares ha sufrido una reducción de sus ingresos.

El agua que antes de la pandemia se vendía a 75 pesos, desde este mes cobran 85 pesos por el mismo botellón de agua, la cual es obtenida de fuentes naturales que son patrimonio de todos los dominicanos.

Entendemos que elevar el precio de un bien precario en estos momentos y en medio de una pandemia es una forma ilícita de enriquecimiento, por el momento en que se ejecuta, por el abuso que implica que un elemento tan vital como es el agua, que, además de ser el principal alimento de los seres vivos, es un derecho humano, por lo que entendemos como un crimen y una forma inhumana de enajenación de un recurso vital.

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