(Nota Clave se honra en publicar el siguiente artículo de opinión enviado por el veterano periodista cubano-dominicano Mario Rivadulla)
No sin asombro hemos leído en una columna vespertina el artículo de un al parecer bien entendido en el delicado ejercicio de la diplomacia censurando la postura asumida por nuestro gobierno en la crisis haitiana a la que califica como ingerencismo sobre la base de que Haití es un estado soberano reconocido por las Naciones Unidas. Al mismo tiempo lanza ácidas críticas al Canciller Roberto Álvarez a quien recomienda tomar «clasecitas» de diplomacia amenazando con la publicación de un segundo artículo que es de suponer abundará sobre el mismo tema y enfoque.
Sin ánimo polémico ni, ¡Líbrenos Dios!, de poner en duda las buenas intenciones que animan a su autor, creemos oportuno confrontar tan solemne reconocimiento del organismo mundial con la cruda realidad, dado que más que sabida la manida frase de que «el papel todo lo aguanta» y que, a veces, suele ocurrir que resulta muy tenue y fácil de traspasar la línea que separa la ficción de la realidad.
Puntualicemos:
La ONU es un organismo cuya política responde y está sujeta a los intereses y decisiones de las cinco grandes potencias que disfrutan del privilegio del veto. De ahí, que muchas veces las declaraciones de su Secretario General no pasen del plano de simples buenas intenciones, exhortaciones y protestas de las que por desgracia está sobre saturado el infierno.
De ahí también que en ocasiones vea sus manos atadas para tomar acción o se incurra por amarres de intereses en el dislate de incluir en la Comisión de Derechos Humanos a gobiernos que son reos de continua, flagrante e impune violación de los mismos, como ocurre con Cuba por citar solo un caso.
Al margen de tan solemne reconocimiento de Haití como estado soberano la fría realidad de los hechos nos presenta otro escenario diametralmente opuesto.
Desde hace mucho Haití, el país más pobre del continente y entre los pobres del planeta está considerado en la práctica un estado fallido, inexistente, a despecho de que figure como estado soberano en los registros del máximo organismo internacional.
Ahora mismo, bajo las presentes condiciones que presenta Haití ha perdido perfil y categoría de país. En realidad, es una especie de territorio “apache” con una ficción de gobierno sin autoridad ni credibilidad, manejado de manera impune y bajo sus propias normas por bandas criminales fuertemente armadas las cuales ejercen el verdadero poder.
Al imperio y amparo de éste saquean, roban, secuestran, extorsionan, cobran impuestos, interrumpen las líneas de abastecimiento de ayuda humanitaria, alimentos y medicinas, obligan al cierre de escuelas y hospitales, reclaman la renuncia del propio Canciller y llegan al extremo de desafiar el poderío de los EEUU manteniendo retenidos por más de 3 semanas al grupo de misioneros, incluyendo niños y un chófer haitiano, exigiendo un millón de dólares por cada uno bajo amenaza de muerte.
Frente a este cuadro casi dantesco, fue oportuna y sobradamente justificado que el presidente Abinader dedicara una parte importante de su turno oratorio en la ONU a plantear la situación prevaleciente al otro lado de nuestra frontera insular, y a reclamar la ayuda urgente de la comunidad internacional, gestión y demanda a la que ha dado continuidad. Fue un acto que se inscribe en dos vertientes: la de un noble gesto de preocupación humanitaria en favor del pueblo vecino y su elemental deber como jefe del Estado de velar por la integridad y soberanía del país cuyas riendas le fueron entregadas, y que, al margen de intereses partidarios y apetencias políticas, es de justicia reconocer.
De absurda ceguera y total irresponsabilidad no prever que Haití es una peligrosa bomba de tiempo en la medida en que se agrave la crisis en que se encuentra sumergida, y que de estallar sus efectos se dejarían sentir de este lado del condominio insular que ocupamos con consecuencias impredecibles, pero del todo negativas. Ignorarlo para traducirlo en frase manoseada es estar más perdido que el nunca hallado hijo de Lindberg.
No pudo resultar más infortunada la reacción del canciller Claude Joseph frente a la intervención del mandatario dominicano al argumentar el elemento inseguridad como factor la alerta de viaje al país de los turistas estadounidenses, aún después que su embajada aquí dejó bien esclarecida de manera pública y concluyente que la misma se concretaba exclusivamente en el surgimiento de la llamada “cuarta ola” del COVID. Analizada con la óptica más generosa pudiéramos intentar excusar el error del canciller Joseph como una simple demostración de no estar debidamente informado.
Cargada en cambio de venenosa malicia su invitación pública al presidente Abinader de unir esfuerzos para combatir en común la delincuencia en ambos países en un vil intento de desacreditar al país con la imposible equiparación entre la rampante criminalidad que gobierna Haití y los niveles de delincuencia en el nuestro, que si para nuestra percepción resultan motivo de preocupación son infinitamente inferiores a los que registran México, El Salvador, Honduras y Venezuela por citar solo algunos casos de nuestro entorno regional.
Tan infortunada y grosera maniobra por suerte mereció el rechazo de propias voces haitianas como el muy respetado y sensato ex embajador Edwin Paraison y el presidente de la Mesa de Migraciones, William Charpentier. Michelle Duvalier en un duro mensaje de Twitter le reprochó a Joseph ser una vergüenza para el país.
Sigamos considerando con criterio generoso y hasta ingenuo para no echar leña al fuego arrojada por el señor Joseph a las relaciones entre vecinos, las cuales por el contrario, debían ser cada vez más armoniosas, que por desinformación ignora que nuestro país ha sido de los que de manera más inmediata y eficiente ha respondido a la pandemia del COVID, de los que ha mostrado más rápida recuperación económica y laboral, que va resurgiendo a pasos acelerados como el principal destino turístico del Caribe, que continuamente está acogiendo empresas de zona franca, proyecta el cierre de año con 3 mil millones de dólares en inversión extranjera directa y un crecimiento económico o superior al 10 por ciento, muy por encima de la media regional y mundial, al que produce 85 de un por ciento de alimentos que consume garantizando la Soberanía y Seguridad alimentaria del país, supliendo casi 900 millones de dólares en abastecimientos a la industria turística y paliando las carencias nutricionales del pueblo haitiano y fruto de la irresponsable desertificación de su suelo.
Ni siquiera abundar que el país acoge la presencia masiva de sus connacionales que aquí residen, trabajan y remesan cada año cientos de millones de dólares que ingresan a la empobrecida y esquilmada economía haitiana y que en nuestros hospitales miles de parturientas haitianas son acogidas gratuitamente, reciben las mismas atenciones que las dominicanas y consumen el 20 o más por ciento del presupuesto nacional de salud mientras miles de jóvenes haitianos cursan en nuestras universidades, conformando una nueva generación de profesionales y técnicos, en cuyas manos pudiera recaer la responsabilidad de forjar un futuro más promisorio para su país.
En el marco interno de la penosa realidad que persiste en Haití donde a cuatro meses del magnicidio aún no se han despejado las incógnitas en torno al asesinato del presidente cuya viuda reitera que los instigadores del brutal crimen continúan en libertad y las sombras de sospechas por conocimiento previo, complicidad o inacción alcanzan al propio señor Joseph más el estado de inestabilidad e inseguridad que prima en el mismo son justificadas las medidas de previsión adoptadas por el gobierno bajo consenso de las distintas agrupaciones políticas y sectores sociales y económicos de reforzar militarmente la frontera y depurar la presencia ilegal de haitianos en el país en un legítimo ejercicio de seguridad y soberanía, si bien hacerse con la minuciosidad y prudencia requeridas para no incurrir en excesos ni injusticias, mucho menos en su territorio, acciones condenables de odiosa discriminación. Y en el plano internacional seguir abogando por ir en ayuda de Haití en una labor de rescate basada en una estrategia coherente e integral en la cual nos toca colaborar estrechamente, que excluye todo tipo de intervención militar.
Para la República Dominicana la recuperación de Haití, que de primer territorio que se liberó del tutelaje colonial ha ido involucionando a la condición tribal en que la corrupción ha condenado a su infortunado pueblo donde millones de seres humanos padecen infernales condiciones de vida, resulta de importancia capital.
Un Haití resurgente en manos de sus figuras más capaces, honestas y bien intencionadas no con ayuda humanitaria sino firme y sostenido respaldo internacional para emprender una auténtica misión integral de rescate sobre bases institucionales sólidas, respetadas y creíbles, que garantice un nivel razonable de seguridad ciudadana y orden público, promueva la inversión y creación de empleos, fortalezca la educación y la salud, combata y reduzca al mínimo la rampante corrupción, garantice los derechos ciudadanos y ponga termino a los irritantes privilegios e impunidad de políticos venales y ladrones de cuello blanco al tiempo de acometer un inmediato y vigoroso plan de reforestación de su depredado suelo reposicionando al país en una ruta de esperanza y desarrollo dentro de sus propias fronteras es de tan elevada importancia para Haití como para nuestro país.
De entrada reduciría la presión migratoria ilegal sobre nuestra frontera, permitiría regularizar de manera ordenada y legal la contratación de braceros haitianos, intensificaría el intercambio comercial, elevaría la calidad de las relaciones diplomáticas para promover soluciones armoniosas a conflictos y diferencias que ocurren en todos los ámbitos del mundo, contribuiría a sepultar resentimientos históricos con una data de antigüedad de casi dos siglos y pudiera redundar en futuros proyectos de común beneficio de los que la visión y audaz decisión del empresario Francisco Capellán al crear el parque industrial COPROVI donde miles de trabajadores y técnicos dominicanos y haitianos libran el sustento en armonía, es un ejemplo a escala reducidas de posibles emprendimientos futuros.
Que los resultados no son de un día para otro es cierto. Es misión a mediano y largo plazo. Quizá de 10 a 20 años, hasta más de una generación, lo que más que motivo de desaliento debe servir de acicate para comenzarla cuanto antes. De ello depende el futuro de nuestra isla Hispaniola que si bien habitada por dos pueblos de bien marcadas diferencias, desde el punto de vista geográfico integramos una unidad indivisible obligados por interés común a convivir en armonía y mutuo respaldo.
A manera de Posdata
Si bien la diplomacia haitiana ha demostrado resultar mucho más eficiente que la nuestra, parece llegado el momento en que deba cambiar su modelo de gestión frente a una comunidad internacional cada vez menos dispuesta a abrir los bolsillos a las donaciones, después de comprobar cómo miles de millones de dólares en ayuda humanitaria han tropezado en el camino con inesperados atajos de rumbo desconocido que han impedido que la mayoría de tan generosos aportes hayan arribado a su verdadero destino. No solo la gente, sino las naciones, terminan por cansarse de que les tomen el pelo.
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