Jaime Ángeles, José Ruben Gonell Cosme, Army Ferreira y Edwin Espinal

Expertos en propiedad intelectual calificaron hoy como preocupante el auge de la piratería en el país, tras señalar que el Gobierno y las empresas telefónicas dejan de percibir más de RD$400 millones al año, debido a robo de contenidos a todos los niveles.

Los magistrados Army Ferreira, Rafael Brito, Edwin Espinal Hernández, Jaime Ángeles y Manuel Mueses, al hablar durante el “Seminario sobre piratería en República Dominicana”, coincidieron en que la piratería no solo afecta al país, sino a todos los países del mundo.

El seminario fue organizado por la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), a través de la Academia Dominicana de Derecho de Autor, y fue celebrado en el hotel Catalonia, en esta capital. Las palabras de bienvenida las pronunció el director de la entidad, licenciado José Ruben Gonell Cosme.

El licenciado Mueses, representante de la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (COMTEC), dijo que la piratería es uno de los elementos principales que afectan el crecimiento del sector telecomunicaciones, siendo los servicios de televisión paga sustituidos por servicios ilegales como los IPTV.

Manuel Mueses

Indicó que operadores no regulados no enfrentan las mismas cargas regulatorias o tributarias que la industria tradicional y que los ingresos que debe percibir la industria de las telecomunicaciones conlleva también menores ingresos para el Estado en materia fiscal.

Mueses estimó que el Estado y las empresas de telecomunicaciones están dejando de recibir más de RD$400 millones todos los años, debido al robo de contenidos, a pesar de los esfuerzos de las autoridades para enfrentar el problema.

Mientras, que el licenciado Espinal Hernández sostuvo que de acuerdo a las últimas estadísticas al 2016 en República Dominicana las pérdidas mensuales por piratería de señales superaban los US$2,595 millones, el monto que se dejaría de percibir en ese año representaba los US$31 mil millones, lo que representaba en términos porcentuales un 17.5% del total de abonados de manera regular.

Explicó que esta proporción nos situaba a nivel de América Latina en tercer lugar en piratería de señales; Guatemala y El Salvador ocupan el primer y segundo lugar.

En el 2016 también hubo otra situación referida a la piratería de señales y era que la declaración y pago que hacen los cable-operadores a los distribuidores de contenidos, dando a conocer una cantidad de abonados que es menor a la que en realidad tienen para un pago menor de regalías. A esa fecha República Dominicana no le eran pagados US$2,963 millones.

Al tratar el tema de piratería de software y en el ámbito digital, el licenciado Ángeles dijo que las autoridades han hecho grandes esfuerzos para enfrentar el problema, pero todavía sigue latente en la sociedad dominicana y el mundo.

Consideró que se deben tomar medidas drásticas contra los que incurran en violar la ley con la piratería, ya que tiene que haber algún tipo de sanción penal o civil contra los violadores de la propiedad intelectual.

Army Ferreira, procuradora fiscal, coordinadora de la Unidad de Propiedad Intelectual

Además, la procuradora fiscal, coordinadora de la Unidad de Propiedad Intelectual de la Procuraduría General de la República, licenciada Army Ferreira, sostuvo que el Ministerio Público está trabajando y dando los pasos de lugar para perseguir y sancionar los delitos de propiedad intelectual.

Recordó que la propiedad intelectual se divide en dos, que son derecho de autor y propiedad industrial, y señaló que los delitos de propiedad intelectual forman parte de una criminalidad que no se ha atendido de manera histórica ya que no se ha entendido como parte de una criminalidad que debe ser protegida por el Estado, sino que se ha dejado con la poca manifestación de interés estatal al sector privado.

“De modo tal que cuando llega una denuncia de propiedad intelectual a los tribunales, los fiscales sienten que llegó un marciano y penosamente esa es la realidad, porque han entendido por la cultura que la propiedad intelectual no tiene interés”, enfatizó.

Por otra parte, Rafael Brito, procurador de corte y titular de la Procuraduría de Crímenes y Delitos contra la Salud, explicó que regularmente los fiscales les dan seguimiento a los delitos de tipo penales tradicionales, tales como homicidio, droga, violencia de género, y robo, pero han perdido un poco el interés sobre los delitos de propiedad intelectual.

“No hemos mandado el mensaje que la sociedad está esperando y hay muchas personas violando las leyes de propiedad intelectual, no solo en República Dominicana, sino en otras partes del mundo. Necesitamos un régimen de consecuencia para actuar en ese sentido y creo que ahora estamos en un buen momento”, enfatizó.

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