SD. La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha denunciado a las sociedades que cobran las liquidaciones de Alejandro Sanz, Joaquín Sabina y Pau Donés, entre otros músicos, por supuestamente defraudar el fisco por un total de unos 70 millones de euros, algo que ya había sido investigado en 2017.
La SGAE parece ser una entelequia en proceso de autodestrucción, sobre todo cuando el Ministerio de Cultura ha amenazado con intervenirla, después que el 27 de diciembre pasado donde no se pudo aprobar los estatutos. Ahora, la nueva estocada la ha dado su propio presidente, el gaitero asturiano José Ángel Hevia, quien ha sacado las garras y ha dado el salto al vacío, tras «descubrir» algo sobre el cual se había tomado una decisión ya.
El Ministerio de Cultura, según el diario español ABC, estaría mirando con recelo al observar que Hevia actúa con cicatería hacia el voto electrónico y otras demandas.
En esta ocasión, Hevia ha llevado al comité de dirección de la entidad la posibilidad de estudiar «si el uso de empresas cesionarias podría suponer irregularidades o sería constitutivo de delitos fiscales». Según dice el periódico español ABC, tomando como fuente a varios asistentes a dicho comité, allí se decidió estudiar el caso, pero «ni se votó denunciar ni la decisión fue por unanimidad», como dijo el comunicado de la entidad. Plantea que los miembros del mismo están enojados por la extralimitación de su presidente a la vez que hay miedo ante la «locura desatada por Hevia», según uno de los socios.
Tan inusitada es la situación actual que si el Ministerio de Cultura no interviene, llevará a la escisión y la entrada de entidades extranjeras o con ánimo de lucro, permitidas por la nueva legislación española.
En detalles
Según la denuncia, que afecta a Sabina, Sanz y Donés, los músicos habrían utilizado sociedades pantalla para, en connivencia con varias multinacionales discográficas, eludir el pago de impuestos en sus cobros de derechos de autor.
Pau Donés el líder de Jarabe de Palo dijo en un comunicado estar «estupefacto» ante esta información y ha asegurado que «éste es un sistema de gestión y cobro de derechos de autor instrumentado y consensuado por la propia SGAE, editoriales y artistas, en total conformidad con los reglamentos que regían y rigen la entidad y en ningún caso fuera de la más absoluta legalidad fiscal». Y agrega: «la junta directiva de SGAE vuelve a meter la pata, y esta vez atacando a sus propios socios».
Según El Mundo, SGAE denuncia a la Fiscalía que Sanz y Sabina, entre otros, cobraron derechos de autor a través de sociedades «sin personalidad jurídica propia», controladas en realidad por las multinacionales que editaban sus obras, con Warner a la cabeza. Con estas sociedades intermedias, los autores se habrían ahorrado los impuestos que estaban obligados a afrontar como personas físicas, y se habrían beneficiado al hacerlo como personas jurídicas.
Fuentes próximas a la investigación señalan que si bien la cuantía del fraude podría alcanzar los 70 millones de euros en los últimos 10 años, si se abarcan también los presuntos delitos ya prescritos la cifra llegaría a los 100 millones. El delito fiscal de entre 120.000 y 600.000 euros prescribe a los cuatro años. A partir de 600.000 euros defraudados, el plazo de prescripción es de 10 años.
El comunicado de la SGAE señala que su consejo de dirección «ha tomado la decisión» por unanimidad de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía «en ejercicio de su responsabilidad y para salvaguardar los intereses de la entidad».
Varios periódicos españoles dan cuenta este sábado, acerca de documentos a los que han tenido acceso, obviamente brindados por la propia dirección de SGAE, según los cuales Alejandro Sanz creó dos cesionarias junto con Warner, Warner Gazul Autor y Warner Gazul Editorial, que en 2013 recibieron cantidades millonarias en derechos de autor, aunque fueron dadas de baja en abril de 2014. Entre 2013 y 2015, Sanz cobró 1.183.035 euros en derechos de autor en la primera, y 775.951 en la segunda.
Joaquín Sabina, quien ha sido designado pregonero del Carnaval de Cádiz, se habría valido de las sociedades mercantiles Warner El Pan De Mis Niñas y Warner Sabina Relatores para recibir liquidaciones entre 2013 y octubre de 2017, fecha en que ambas cesionarias fueron dadas de baja de 1.260.743 euros en la primera, y 1.559.561, en la segunda. en enero de 2017 se notificó formalmente la subrogación de dos nuevas editoriales, Carmela Juliana Martínez Oliart Editor y Rocío Paula Martínez Oliart editor, ambas hijas de Joaquín Sabina, procediendo la empresa El Pan De Mis Niñas S.L. a traspasar el 45% de los derechos ostentados sobre las obras musicales de Sabina a ambas, en proporción de un 22,5% cada una.
Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo y sobreviviente de un cáncer, aparece entre los participantes de este sistema, con dos sociedades: Tronco Warner y Tronco Records Warner. Con la primera ingresó 858.716 euros en dicho periodo, mientras que con la segunda ganó 626.367.
En la denuncia figuran también sociedades de otros músicos, como Rosario Flores y El Pescao, ambas también vinculadas a Warner, pero ninguna de ellas cobró derechos de autor entre 2013 y 2018. La SGAE afirma que no consta que se firmara siquiera ningún contrato de cesión entre la multinacional, que terminaba gestionando los ingresos, y las sociedades pantalla, y Sanz, Sabina y Donés.
Según el texto de la denuncia, «las facturas correspondientes a las liquidaciones que hace SGAE tras la recaudación de derechos comenzaron a emitirse, en lugar de a favor del titular de los derechos de autor, a nombre de entes sin personalidad jurídica», con CIF coincidente con el de la multinacional discográfica. «Consecuentemente», prosigue ,»se estarían emitiendo facturas con datos falsos o falseados que reflejan una relación jurídica inexistente». Y agrega «el emisor de las facturas no coincidiría con el verdadero ‘prestador del servicio’ con derecho a la percepción de las liquidaciones correspondientes, que debía ser el autor, editorial o cesionaria».
«Ciertos autores, en connivencia con las editoriales administradoras, podrían haber creado una compleja estrategia negocial, ausente de actividad real, con la única finalidad de ocultar la verdadera naturaleza de los ingresos percibidos, y así eludir el pago del IRPF», dice la denuncia.
¿Qué pasará?
Fuentes de la investigación sospechan que estas estructuras se habrían creado, en un principio, para facilitar a determinados autores en trance de separación y/o divorcio, en connivencia con las multinacionales, ocultar parte de su patrimonio a sus ex parejas, dice el periódico español. Sin embargo, posteriormente, estas prácticas se habrían extendido presumiblemente por los beneficios fiscales que comportan.
El Mundo estima que, según expertos consultados, los esquemas de cobro de derechos denunciados por SGAE serían constitutivos de delito siempre que existieran facturas falsas con actividades ficticias, o bien si estos ingresos no hubieran sido declarados a Hacienda. De no ser así, explicaron estas fuentes, la Agencia Tributaria podría ofrecer una regularización sin consecuencias judiciales a los autores que, no obstante, SGAE considera que pudieron delinquir con sus ingenierías contables.
SGAE lleva ya más de un decenio revolcándose en su propio estercolero y ha servido de mal ejemplo a otras sociedades que han tenido que ser intervenidas por ministerio de cultura, como SGACEDOM en República Dominicana.
Hace más de siete años que Teddy Bautista, el sempiterno mandamás -estuvo 34 años al frente- fue sacado del Palacio de Logroño esposado y aún espera juicio. Esto no fue óbice para que en octubre pasado optara por volver al mando, con 75 años de edad.
La mesa está servida. La SGAE se autodestruye… desde hace tiempo.
Alfonso Quiñones (Cuba, 1959). Periodista, poeta, culturólogo, productor de cine y del programa de TV Confabulaciones. Productor y co-guionista del filme Dossier de ausencias (2020), productor, co-guionista y co-director de El Rey del Merengue (en producción, 2020).
