Así como el turismo es un sector de alto riesgo económico cuando ocurre una pandemia, que se va a negro -como dicen en ele argot de televisión- cuando una pantalla se apaga, el sector cultural es mucho más vulnerable aún. Por la incomprensión que existe por parte de los tecnócratas acerca de su naturaleza y porque es el primer recorte presupuestario que suelen hacer los gobiernos en tiempos de crisis. Sin embargo es una realidad como el Everest que las industrias culturales -o industrias naranjas- aportan al PIB, como ocurre actualmente en República Dominicana, gracias a la Ley de Cine y el desarrollo que vienen teniendo la industria cinematográfica.
Francis Gurry, director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un organismo especializado de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha lanzado la voz de alerta sobre la cantidad de gratuidades de productos culturales extendido desde que comenzó la pandemia, poniendo en peligro un sector de por sí tan frágil como el de la propiedad intelectual.
Ha coincidido la pandemia con la entrada en vigor, el pasado 20 de abril, de un nuevo tratado acordado en 2012, conocido como Tratado de Pekín (Beijing es en inglés y la transliteración del fonema del chino tradicional), y destinado a proteger los derechos de los trabajadores del sector audiovisual y a mejorar sus ingresos. Los nuevos derechos permitirán aumentar los pagos vinculados a la retransmisión, en el momento mismo en que numerosas producciones están paralizadas debido a la pandemia de Covid-19.
«Es difícil cuantificar las consecuencias en el momento, pero el sector está en apuros, con muchas personas sin recursos», señaló Gurry, quien lleva seis años al frente del organismo y cesa en octubre para dar paso a Daren Sang, de Singapur.
“El momento (para que entrara en vigor aquel tratado) no podría haber sido mejor escogido para aumentar el monto –y la previsibilidad– de los ingresos de los artistas intérpretes o ejecutantes del sector audiovisual, en momentos en que la pandemia de Covid-19 perturba la actividad económica” naranja, apreció Gurry.
Gurry reconoció que los gobiernos a la vez de preocuparse por la salud de los ciudadanos, no deben dejar en el olvido al sector cultural, «fundamental para la salud mental de las personas confinadas», acertó a decir. A la vez que demostró inquietud por las numerosas excepciones a la propiedad intelectual solicitadas durante la pandemia sin control de los derechos de autor.
Los sistemas de propiedad intelectual previstos por la OMPI cuentan con excepciones y limitaciones en el sector de la cultura y la creación, que facilitan el acceso a los libros, publicaciones y otros contenidos creativos en determinadas circunstancias y condiciones. De hecho, durante estos meses de pandemia muchos museos, teatros, editoriales han puesto gratuitamente a disposición algunos de sus productos, argumentando la particularidad de la situación. Sin embargo el director de la OMPI llama a la prudencia.
«Para romper un derecho de autor, hay que demostrar que hay una necesidad especial, insistió. Esta gratuidad tiene también el efecto de reducir los ingresos del sector y de los profesionales de la cultura», ha manifestado. «En el caso actual, no veo necesariamente la evidencia de un problema de acceso a contenidos, subrayó, y destacó, por ejemplo, que siempre es posible comprar bienes culturales, como libros, en línea», argumentó, según un despacho de la Agencia Francesa de Prensa.
Beneficios del Tratado de Pekín
El Tratado de Pekín sobre las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales «adapta a la era digital la protección de los profesionales del sector, considerada en la Convención de Roma para la Protección de los Artistas de 1961. De conformidad con otro tratado de la OMPI, de 1996 y que se centra en las grabaciones sonoras, el Tratado de Pekín concede derechos morales y económicos, incluso para la explotación en línea, a los artistas audiovisuales. En muchos países no hay protección para los actores. Si se adhieren al tratado, estarán obligados a establecer derechos para los ejecutantes audiovisuales, como los actores de televisión y cine», ha expresado el director general de OMPI, quien es un destacado jurista australiano en el cargo desde octubre del 2008.
El tratado confiere a los artistas audiovisuales derechos patrimoniales (valorados en dinero) sobre sus interpretaciones, como el derecho de reproducción (derecho a autorizar la reproducción directa o indirecta de la interpretación) y el derecho de distribución (derecho a autorizar la puesta a disposición del público del original y de las copias de la interpretación), tal y como se dio a conocer en el momento de su entrada en vigor por parte de las sociedades de gestión colectiva dominicanas, ante una convocatoria del destacado músico y doctor en derecho experto en temas de propiedad intelectual.
La advertencia de Gurry tiene que ver con que «el Tratado de Pekín ofrece un marco de protección para los profesionales del sector, muchos de los cuales pasan de un empleo a otro y viven en condiciones económicas precarias».
Francis Gurry (Australia, 1951) posee una licenciatura en Derecho de la Universidad de Melbourne y un doctorado de la Universidad de Cambridge, es profesor honorario de varias universidades y ha sido nombrado doctor honoris causa por universidades de distintos países. Es autor de varias publicaciones, una de las cuales se ha convertido en un texto de Derecho de referencia en el Reino Unido, que ha sido editado por Oxford University Press con el título de Gurry on Breach of Confidence.
Alfonso Quiñones (Cuba, 1959). Periodista, poeta, culturólogo, productor de cine y del programa de TV Confabulaciones. Productor y co-guionista del filme Dossier de ausencias (2020), productor, co-guionista y co-director de El Rey del Merengue (en producción, 2020).
