La situación con los malos manejos de las recaudaciones autorales, ha traído consigo una crisis que podría traer la desaparición de la institución que alguna vez fue la más importante de su tipo en Iberoamérica.
Acaba de saberse que compositores de la talla de Julio Iglesias, Joaquín Sabina, José Luis Perales o Fito Páez han pedido la retirada de su repertorio de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), a partir del 1 de enero de 2020.
Con ellos las principales editoriales internacionales e independientes, así como varios nombres de menor reconocimiento internacional.
Según informes publicados en la prensa española, los autores se han visto «obligados» a retirar sus repertorios a partir del 1 de enero de 2020 ante una situación de «insostenibilidad total», con un reparto que consideran «injusto» e inequitativo dada la actual situación de gobierno de la SGAE que, según sostienen, está gobernada por las televisiones y la Rueda.
El pasado viernes terminó el plazo para presentar la carta de preaviso, por lo que aún quedan seis meses para «revertir la situación». Por ello, piden una nueva convocatoria de elecciones a la presidencia y a la Junta Directiva, ya que considera que el actual organismo de dirección sigue representando «la Rueda».
Patacho Recio, portavoz de la Coalición Autoral, ha señalado que hasta el momento se han enviado alrededor de 300 cartas y esperan superar las 500, ya que algunos autores habrían seguido enviando sus solicitudes por correo electrónico antes de que terminase el plazo, que fue este domingo 30 de junio, dice el periódico 20 Minutos, de España.
Según ha destacado, algunos de los firmantes equivalen a nombres internacionales como «Bob Dylan, Bruce Springsteen o Adele» y la retirada puede suponer «un 60 por ciento de los ingresos de la SGAE». La alternativa para estos autores sería funcionar de manera «colectiva» o con alguna «nueva entidad de gestión».
Parece ser que la alternativa para cambiar de opinión sería el «rescate» por parte del Ministerio de Cultura y Deporte o la convocatoria de elecciones a la presidencia, que ahora ocupa Pilar Jurado. Por su parte, Rafael Aguilar, de Peermusic, una de las editoras, ha criticado que la Rueda «no ha terminado» y que sus representantes «»siguen siendo mayoría» en la Junta Directiva. «O nos toman como socios de pleno derecho o nos tendremos que ir a otro sitio, retirando además el repertorio Internacional que representamos», ha señalado.
El pasado lunes 24 de junio, la Asamblea General no apoyó con mayoría de dos tercios la reforma de los estatutos que exige la directiva europea y que pide tanto el Ministerio de Cultura y Deporte como la CISAC, organismo internacional del que la entidad española fue expulsada de manera temporal el pasado 30 de mayo. Al respecto, la SGAE ha emitido un comunicado en el que asegura que ha sido objeto de «una acción coordinada de peticiones de salida de socios de esta entidad», situación motivada por la presión ejercida por las editoriales multinacionales discográficas y secundado por algunos autores «con el mero objetivo de que la comunidad autoral ceda a sus pretensiones» pero que, como aseguran, «carece de efectos inmediatos».
La institución señala que «es la tercera vez que las editoriales multinacionales discográficas utilizan esta medida de presión» y precisan que «en septiembre de 2016 y en junio de 2018 ya ejercieron idéntica amenaza que finalmente no llevaron a cabo». La SGAE recuerda que «antes de abandonar la entidad hay que estar al corriente de pago» y aclara que «las opciones de futuro que los autores pudieran contemplar y que los promotores de la iniciativa les están haciendo llegar, carecen de infraestructura alguna en el cobro y en la recaudación en España». Por este motivo, prosigue, «aboga por el diálogo, tal y como solicitó el Ministerio de Cultura, con el fin de concluir con los requisitos legales de aprobación de los nuevos estatutos, que cuentan con el apoyo de la mayoría de los autores y el bloqueo de las editoriales multinacionales discográficas».
Por todo ello, la SGAE insiste en que «va a seguir trabajando para defender los derechos de sus más de 127.000 socios sin caer en favoritismos hacia los intereses individuales de ningún grupo empresarial, en la defensa de un patrimonio cultural de España y de toda la comunidad iberoamericana, y de sus trabajadores, que la han mantenido, a lo largo de estos años, entre las cinco primeras entidades de gestión del mundo», concluye el trabajo publicado en 20 Minutos.
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