Especial para Nota Clave, de Mario Rivadulla
En las últimas semanas diversos medios de comunicación han sacado a relucir el tema de la reventa ilegal de Internet en el país. Los periodistas han incurrido. Las empresas de telecomunicaciones se han manifestado. Los wiferos han hablado. Inexplicablemente el Indotel no ha mostrado ninguna reacción respecto a este tema que le concierne de manera tan directa en su condición de máxima autoridad del sector de las telecomunicaciones.
La reventa ilegal de Internet se produce cuando un particular contrata un paquete del sistema a una empresa telefónica, por ejemplo, de 100, 300 o más megas, para luego revenderlo sin autorización en porciones más reducidas a otras personas a cambio de una cantidad de dinero superior sin contar con los permisos correspondientes que otorga el Indotel en nombre del Estado.
De acuerdo con la Asociación de Comunicación y Tecnología (COMTEC) esta práctica ilícita causa daños a la infraestructura de telecomunicaciones perjudicando a los usuarios, a las empresas, sus inversionistas, y por supuesto al Estado Dominicano que deja de percibir importantes sumas de dinero por cuanto los wiferos no pagan impuestos como en cambio lo hacen los concesionarios formales que operan dentro de la ley.
Pero este es solo un aspecto del problema y no el más importante. La situación real es todavía más grave.
La reventa ilegal de Internet, atenta contra la seguridad jurídica de los inversionistas del sector de las telecomunicaciones y sus empresas, que tan solo en el 2020 destinaron quince mil millones de pesos para ampliar las redes y las infraestructuras, garantizando así que el país sea uno de los mejores conectados de la región.
Esas empresas a las que los wiferos perjudican con sus actividades ilegales ante el silencio del Indotel, fueron capaces de satisfacer el aumento de un 40% en la demanda de Internet durante el periodo más crítico de la pandemia del Covid 19, garantizando así que tanto los sectores productivos como el Gobierno pudieran continuar realizando sus actividades durante ese proceso de crisis. Para muestra palpable basta recordar que tan vital fue el rol jugado por las empresas de telecomunicaciones para llevar a cabo el pasado año escolar por vía virtual.
De ahí que resulte tan penoso como cuestionable que en tanto el Presidente Luis Abinader mantiene un discurso de apuesta favorable a la inversión extranjera, y recientemente presentó los objetivos y líneas de acción de la Agenda Digital 2030 aprobada por el Decreto 527-21, así como otras iniciativas consensuadas para el desarrollo del país, mediante el concierto del Gobierno y las empresas del sector privado, el Indotel permanece en persistente silencio ante las denuncias de estas graves anomalías que dicho ente estatal está obligado por ley a investigar, perseguir y sancionar.
La Ley General de Telecomunicaciones número 153-98 define como prácticas desleales toda acción deliberada tendente a procurarse una ventaja ilícita con respecto a los demás agentes económicos del mercado. Tal es el caso de la reventa ilegal de Internet.
Por otra parte, el Reglamento de Libre y Leal Competencia para el Sector de las Telecomunicaciones establece como prácticas de competencias desleal las conductas que se lleven a cabo en el mercado que resulten contrarias a las buenas costumbres comerciales, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, al consumidor o al libre funcionamiento del mercado. Pareciera que el legislador estuviese pensando y previendo el peligro que representan los wiferos, antes de que aparecieran con su comercio ilícito de Internet.
Hay, por tanto, muchas preguntas que el Indotel debe responder como máxima autoridad del sector ¿Qué ha hecho o está haciendo para dar respuesta a tan graves denuncias? ¿Cuántos de estos revendedores están inscritos en el Registro Especial? ¿Cuántos son wiferos o revendedores ilegales de internet? ¿Qué hay de cierto en que algunos suscriben contratos para revender el Internet de una concesionaria y luego sin autorización venden la de otra? ¿Ha tomado en cuenta Indotel el daño que esto causa a la imagen del país? ¿Seguirá mostrándose indiferente mientras se perjudica la seguridad jurídica que requieren la inversión extranjera y las empresas de telecomunicaciones establecidas en el país y que operan de manera legal?
Son muchas más la preguntas que requieren respuestas. Pero comience el Indotel por asumir el rol que le corresponde como órgano regulador del sector de las telecomunicaciones para enfrentar este grave problema que afecta a los usuarios, a los inversionistas, y por ende al Estado Dominicano, quebrando así su inexplicable silencio.
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