En Cuba la crisis sanitaria se ha salido de las manos al gobierno, que nunca quiso comprar vacunas en el mercado internacional ni siquiera integra el mecanismo Covax de la OMS, creado para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las mismas. De 10 millones y medio de cubanos que habitan la isla solamente 4 millones han recibido la primera vacuna de creación cubana.
El primer ministro Manuel Marrero culpaba este miéroles a los médicos y al personal sanitario de las quejas de la población, demostrando cero autocrítica por parte del gobierno por su demostrada incapacidad para gerenciar la crisis sanitaria. Donde no existen no ya vacunas, sino ni siquiera medicinas que permitan mejorar la cantidad de pacientes que se encuentran internos en los hospitales desbordados, sino en sus propias casas, con familias enteras infectadas.
Cuba registró este miércoles 8.605 casos de COVID-19 y 76 fallecidos para un acumulado de 483.710 enfermos y 3.684 decesos desde marzo de 2020. La provincia central de Cienfuegos superó hoy a La Habana entre las regiones con más contagios al confirmar 1.645, frente a los 1.471 de la capital cubana. Holguín, al oriente del país, notificó 947 casos en el día, según el Minsap.
En medio de este marco tétrico, Estados Unidos reiteró el pedido para que la dictadura cubana libere a todos los presos políticos que fueron encarcelados en las manifestaciones que iniciaron el 11 de julio pasado en la ciudad de San Antonio de los Baños, donde muy rápido las demandas exigían medicinas, mejora de la estrategia para enfrentara la pandemia y desembocó enseguida en un pedido clamoroso de libertad.
En un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del Departamento de Estado, el vocero Ned Price aseguró que “se cumple un mes desde que el pueblo cubano tomó las calles para pedir por la libertad, pedido que se escuchó en todo el mundo”.
“El gobierno cubano respondió con una brutal ola de represión que no se había visto en décadas. Hasta el día de hoy, más de 800 cubanos han sido detenidos por manifestarse pacíficamente el pasado 11 de julio. Incluso hay reportes que indican que podría haber cientos de personas más detenidas”, afirmó.
Price sostuvo que “muchos están incomunicados, sin la posibilidad de ver a sus familias o tener la posibilidad de una representación legal de defensa. Los procedimientos judiciales carecen de la posibilidad de un juicio justo y buscan oprimir y silenciar a cualquiera que alce su voz”.
“El gobierno de Cuba niega el abuso sistemático a los derechos humanos y niega que observadores internacionales entren a la isla. Los líderes cubanos quieren que el mundo no vea la represión, pero el mundo debe estar atento. Estados Unidos estará atento”, destacó Price.
El funcionario resaltó: “Nos unimos a las familias que sufren y están atemorizadas, los defensores de los derechos humanos cubanos y aquellos en el mundo que comparten nuestra preocupación en llamar a la liberación inmediata a todos los detenidos y desaparecidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión y a manifestarse”.
“Señalar la actual crisis en Cuba es una prioridad importante. Con la orden del presidente Biden, el Gobierno estadounidense está activamente enfocado en proveer apoyo al pueblo cubano, ya sea asistir en apoyo humanitario o acceso a la información”, aseveró.
Y concluyó: “Llamamos a las naciones del mundo a que muestren su apoyo al pueblo cubano y a condenar a la violenta respuesta del régimen. Y también llamaremos a los opresores a que respondan por sus violaciones a los derechos humanos a través de la Ley Global Magnitsky”.
Por su parte Andrea Gacki, directora de la Oficina del Tesoro para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), dijo que “La información publicada hoy reitera y aclara que las personas sujetas a jurisdicción estadounidense pueden implicarse en ciertas transacciones para apoyar la capacidad del pueblo cubano para buscar, recibir e impartir información”, dijo .
La oficina “alienta quienes estén interesados en proporcionar esa asistencia al pueblo cubano a que se beneficien de las excepciones y permisos” contemplados bajo las leyes estadounidenses, aseguró el Tesoro en su comunicado.
El Tesoro publicó una lista de los servicios concretos que se pueden proporcionar bajo esas regulaciones, con el objetivo de recordar a las partes interesadas “que existen opciones” si quieren actuar para expandir el acceso a internet en la isla, dijo a EFE una fuente familiarizada con el anuncio.
Eso no significa que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya decidido dejar únicamente en manos de terceros el tema de facilitar el acceso a internet en Cuba, y su equipo sigue “revisando opciones y trabajando con el sector privado” para actuar en ese sentido, añadió la fuente.
Las excepciones que detalló el Tesoro no son nuevas y en su mayoría están contenidas en sus Regulaciones para el Control de Activos Cubanos (CACR, en inglés). Entre ellas destaca la autorización, bajo esa ley, de iniciar bajo jurisdicción estadounidense “transacciones, incluidos pagos, relacionados con la provisión de servicios de telecomunicaciones” a Cuba, incluidas algunas que “conectan Estados Unidos o terceros países” con la isla.
Eso incluye “conexión a internet, datos, teléfonos, telégrafos, radio, televisión, servicios de agencias de noticias y otros similares, sea cual sea el medio de transmisión, incluido vía satélite”, indicó el Tesoro.
Las excepciones también permiten a quienes proporcionen esos servicios “establecer y mantener una presencia física” en Cuba para llevar a cabo ese tipo de transacciones, y autorizan a los estadounidenses a llevar a cabo cursos educativos vía internet para un público cubano.
Además, autorizan a proporcionar a usuarios cubanos “ciertos servicios” de software, como aplicaciones de celular, y otros como “el correo electrónico u otras plataformas de mensajería, las redes sociales, el VOiP (voz por internet), el almacenaje de páginas web y el registro de nombres de dominio” de portales de internet, señala la nota.
OFAC subrayó que está dispuesta a ayudar a cualquier parte interesada a sortear las sanciones estadounidenses, y que “dará prioridad”, además, a cualquier petición de licencia para alguna actividad “relacionada con el libre acceso a internet en Cuba”.
Tras las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio, el Gobierno de Biden ha recibido una gran presión de parte del exilio cubano en Florida y de varios miembros del Congreso para tomar medidas que expandan el acceso a internet en la isla, restringido durante varios días después de las manifestaciones.
El Senado de Estados Unidos aprobó precisamente este miércoles una enmienda que busca facilitar el acceso libre a internet en Cuba, al impulsar la creación de un fondo presupuestario para promover ese servicio “abierto y sin censura”.
(Con información de EFE)
Notas de las mejores agencias de noticias internacionales.
