Cinco menores de edad y 10 jóvenes recién salidos de la adolescencia, entre ellos al menos tres muchachas, han sido condenados en Cuba con penas que van de 30 años de cárcel hasta 15 años de prisión, esto debido a la participación de todos ellos en las manifestaciones espontáneas del 11 de Julio, según numerosos medios de la isla.
Los condenados son:
Dayron Martín Rodríguez, 25 años de edad, condenado a 30 años
Alexander Guillermo Martínez Amoroso, 25 años, a 20 años de cárcel
Miguel Páez Estiven, de 25 años de edad, 30 años de cárcel
Lázaro Zamora González, 20 años, sentenciado a 20 años de cárcel
Marlon Brando Díaz Oliva, 15 años de edad, condenado a 18 años de cárcel
Alexis Sosa Ruiz, 20 años de edad, condenado a 20 años de cárcel
Elier Padrón Romero, de 18 años de edad, condenado a 18 años de cárcel
José Luis Sánchez Tito, 20 años de edad, sentencia de 22 años de cárcel
Jesús Enrique Vázquez Cabrera, de 15 años de edad, condena de 18 años de cárcel
Frank Aldama Rodríguez, de 20 años de edad, 22 años de cárcel
Orlando Carvajal Cabrera, 15 años de edad, 20 años de condena de cárcel
Dianyi Liriano Fuentes, de 20 años, condenado a 20 años de cárcel
Leoalys de la Caridad Valera Vázquez, 15 años, condena de 12 años de cárcel
Karen Vázquez Pérez, de 18 años de edad, 15 años de condena de cárcel
Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, de 15 años de edad, condenado a 15 años de cárcel
En la sala de delitos contra la seguridad del Estado del Tribunal Municipal de Diez de Octubre, Cuba, quedó dictada la sentencia contra 15 manifestantes del 12 de julio en La Güinera, tras la celebración del juicio los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2021, según fuentes de entero crédito provenientes de la mayor isla caribeña, donde rige un gobierno que lleva 63 años en el poder.
Según medios independientes de Cuba, familiares de algunos de los enjuiciados dijeron que la vista fue celebrada a puertas cerradas. Solo se permitió la entrada de un familiar por cada acusado. Las propias fuentes dijeron que en la sala se hallaban presentes numerosos policías, además de los 15 guardias que custodiaban a los manifestantes.
Según el testimonio de los familiares, el tribunal actuante estuvo integrado por militares procedentes de la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones del régimen de Cuba, sita en 15 y K, Vedado, municipio de Plaza de la Revolución.
Los familiares declararon que durante la primera jornada del proceso los acusados realizaron breves declaraciones. Luego, los peritos, que tuvieron más tiempo, mostraron los videos de los sucesos.
También denunciaron que el segundo día declararon los testigos, a quienes se les interrumpía «a la menor referencia a la represión policial». Ese mismo día se les permitió a unos pocos abogados presentar una defensa mínima. Al día siguiente, añadieron, fueron presentadas las conclusiones.
«Después de esto los miembros del tribunal salieron de la sala, aparentemente para deliberar. Regresaron poco menos de una hora más tarde para anunciar verbalmente las condenas, ya firmes, que serían entregadas por escrito diez días después en caso de que alguno de los condenados tuviera intención de apelar», añadió el medio.
Familiares afirmaron que los condenados fueron advertidos de que, de presentar apelación, las condenas se incrementarían en varios años y que en ningún caso la condena mínima sería inferior a diez años de cárcel.
Según el portal web Cubanet, dos de las madres comentaron que unos instantes antes de anunciar las condenas hubo un gran despliegue de militares dentro de la sala, lo cual les hizo anticipar que algo grave sucedería.
Los 15 manifestantes habían sido acusados inicialmente de delitos como «desórdenes públicos, daños a la propiedad, desacato, resistencia», fundamentalmente. Sin embargo, pocas semanas antes del juicio estas figuras delictivas fueron sustituidas por la de «sedición» —un delito contra la seguridad del Estado en Cuba— y las sanciones que pedía la Fiscalía se incrementaron a 15, 18, 20 y 25 años de cárcel.
Se trata a todas luces una decisión política emanada de lo más alto del gobierno cubano ostentado ahora por Miguel Díaz-Canel, quien también encabeza la dirección del único partido legal, el Partido Comunista de Cuba.
Las condenas se convierten así en una nueva muestra de lo que es capaz el régimen cubano, en busca de acallar las crecientes manifestaciones de descontento en una población herida por el hambre, la represión, la falta de medicamentos y de servicios elementales, así como la ausencia de justicia y de esperanzas en un futuro mejor.
Notas de las mejores agencias de noticias internacionales.
