En México se desperdicia demasiada comida. (Fuente Externa)

Autores: Carlos Ruiz Mateos, director del Área Asuntos Públicos en LLORENTE & CUENCA y Catherine Mordos, periodista especializada en Asuntos Públicos y Comunicación Institucional

MADRID. Cada vez son más numerosas en todo el mundo las iniciativas orientadas a frenar el creciente volumen de desperdicios de alimentos que se genera cada año en los países desarrollados.

España no permanece ajena a esta tendencia que no ha hecho más que empezar encaminada hacia una mayor sostenibilidad social en el sector de la alimentación. Por ello, tanto desde el Gobierno y las comunidades autónomas, como desde los partidos políticos y el Parlamento se están poniendo en marcha diversas iniciativas de muy distinto alcance y enfoque en este sentido.

Se trata de medidas destinadas a modificar el marco de relaciones de las empresas de distribución, comercialización y hostelería con la sociedad. También van a suponer importantes retos para el sector de la alimentación, ya que puede llevarle a revisar en el futuro parte de sus procesos de fabricación, etiquetado y conservación, así como sus protocolos de gestión de alimentos desechados.

Contexto
Cada año, en la Unión Europea, en torno a 88 millones de toneladas de alimentos acaban en la basura. La producción y eliminación de estos alimentos provoca la emisión 170 millones de toneladas de CO2 y requiere el uso de 26 millones de toneladas de recursos.

España es el séptimo Estado miembro que más alimentos desperdicia en cifras absolutas, con 7.7 millones de toneladas al año, según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, lo que supone un coste estimado de 3.000 millones de euros anuales.

A la vista de estas cifras, y en un entorno económico aún marcado por la reciente crisis económica y por las repercusiones del cambio climático, cada vez son más numerosas las iniciativas internacionales orientadas a frenar este despilfarro, que no solo tiene consecuencias sociales, sino también un importante impacto medioambiental.

Así, Naciones Unidas ha propuesto reducir para 2030 a la mitad el desperdicio de alimentos procedentes tanto de la venta al por menor como del consumidor final, y limitar la pérdida de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro.

En 2012, y más tarde en mayo de 2017, el Parlamento Europeo, en esa misma línea, aprobó iniciativas por las cuales se pide a los Estados miembros reducir, de cara a 2015/2030, la cantidad de alimentos que se tira cada año a la mitad, mediante la puesta en marcha de medidas como la eliminación de las restricciones para las donaciones, la futura exención de impuestos en la donación de alimentos o la clarificación de los conceptos de “consumo preferente” y “fecha de caducidad”. La Comisión Europea, por su parte, ha sentado las bases para la elaboración de un plan de acción en este sentido que se ha plasmado en el paquete sobre Economía Circular de 2015.

Desde mediados de 2016, varios grupos parlamentarios españoles han presentado propuestas dirigidas a paliar el problema del despilfarro alimentario, en línea con las iniciativas puestas recientemente en marcha en varios países de nuestro entorno.

Varias asociaciones del sector de la alimentación y distribución han subrayado la importancia de contar con una legislación adecuada, negociada y acordada con las partes implicadas, que facilite la donación de alimentos y reduzca las trabas existentes en la actualidad. Una reforma para la cual la normativa italiana podría ser un modelo a seguir, dados los buenos resultados que ha conseguido.

Conclusión
La conjunción de tres focos muy activos de iniciativas legales –europeas, nacionales y regionales– en materia de reducción del desperdicio alimentario sitúa al conjunto del sector de la alimentación en el umbral de un importante cambio disruptivo. Tanto el Gobierno como, sobre todo, las comunidades autónomas tienen en marcha, o a punto de aprobarse, una amplia batería de medidas que buscan dar un destino social a los productos alimentarios no comercializados a través de mejoras fiscales, regulando las relaciones con las ONG o haciendo más eficientes los procesos de comercialización de las empresas productoras y distribuidoras.

Aunque por ahora es pronto para valorar el resultado real de estas medidas, se trata sin duda de cambio que, de la mano de la economía circular, afectará no solo a la reputación y a la Cuenta de Resultados de las empresas, sino también a sus procesos de producción, a sus estrategias de comercialización y a su papel como entidades sociales en un entorno cada vez más interrelacionado. Con ello, los desperdicios alimentarios van camino de abandonar el ámbito de lo prescindible y residual para pasar a formar parte inherente de la cadena de valor social, medio ambiental y económico de las compañías.

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